«Reconociendo que hay cuestiones sociales más importantes que mi liberación, estoy lanzando un segundo intento de dar a conocer la guerra sucia a la que me he enfrentado por parte de los mecanismos gubernamentales y judiciales. (…) Quiero posicionar esta huelga no como la puesta en juego de una reivindicación exclusivamente individual, sino como una contribución a poner de relieve la injusticia sistemática en un momento políticamente crucial. Como chispa de una lucha que promueve la acción directa y la participación, contra la mentalidad de delegación que promueve el sistema de representación.»
G. Michailidis
El preso político anarquista Giannis Michailidis lleva una década en prisión en virtud de la legislación antiterrorista. (…) La negativa desafiante a concederle siquiera los permisos a los que tiene derecho, la prolongación del encarcelamiento y la burla constante de que es objeto por parte del Estado constituyen un intento de eliminarlo moral y físicamente, así como una aplicación más del régimen excepcional que sufren los presos políticos. Ante este ataque, G. Michailidis ha retomado la huelga de hambre que suspendió en julio de 2022. La decisión del compañero de volver a poner su cuerpo como escudo en defensa de su libertad supone muchos riesgos para su salud, lastrada por la huelga anterior, y su peso corporal ya está disminuyendo rápidamente (comenzó con 67 kilos y en 12 días ha perdido 5 kilos (gr/en)
Breve repaso: en febrero de 2011 fue detenido en una gran manifestación en Atenas por tiro al arco contra antidisturbios. Un mes después de su puesta en libertad con condiciones, entra en búsqueda y captura por pertenencia a las CCF y pasa a la clandestinidad. En abril del mismo año es sospechoso de haber participado en un tiroteo con la policía. En febrero de 2013 es detenido junto a otros tres anarquistas después del atraco a un banco y una oficina postal. En junio de 2019, después de tres años de prisión, se fuga de la prisión de Tyrintha. Siete meses después vuelve a ser detenido, armado y en un coche robado, en compañía de otros dos compañeros, siendo acusado de un asalto a otro banco.
Declaración de comienzo de huelga de hambre
Reconociendo que hay cuestiones sociales más importantes que mi liberación, comienzo un segundo intento de dar a conocer la guerra sucia a la que me he enfrentado por parte de los mecanismos gubernamentales y judiciales. Evitaré referirme a lo que ocurrió el año pasado por estas fechas, para evitar repeticiones cansinas. Continuaré desde la pausa en mi huelga de hambre del pasado mes de julio. Una elección equivocada que vino tras las promesas infundadas del Ministerio de Justicia y del juez del Tribunal Supremo, que es el cordón umbilical entre el poder judicial y el gobierno, para una satisfacción inmediata de mi demanda, con la condición extorsiva de que primero suspendiera la huelga, y que no me expusiera. Según dicen, yo tendría que suspender la huelga, presentar una nueva solicitud de libertad condicional en Amfissa, y él contestaría el teléfono, siempre y cuando esto no se hiciera público, ya que de lo contrario este acuerdo dejaría de ser válido. Cometí el error de suponer que cumplirían sus promesas porque así calcularían su exposición, lo que en un entorno mediático controlado resultó ser una ilusión desastrosa. Mi aislamiento bajo el régimen especial de detención en el hospital de Lamia, que me aisló de mis compañeros más cercanos, contribuyó a esta mala elección, ya que no pude consultar a las pocas personas que disponían tanto de los hechos como de la perspicacia política para saber reconocer a tiempo que se trataba de un engaño. El resultado de esto fue perder un año más de mi vida, esperando lenta y tortuosamente las decisiones de los consejos judiciales. Retrasos burocráticos inexplicables en la decisión que supuestamente me liberaría en septiembre, hasta diciembre. Llegados a este punto debería haber empezado de nuevo, pero, consciente del golpe que suponía para mi credibilidad caer en la trampa de Estado, no era una elección fácil. Decidí entonces esperar a que prescribieran los cargos inventados que usaban como excusa para suspenderme los permisos, aplazando la siguiente batalla. A continuación, se aseguraron por todos los medios de privarme de cualquier derecho legal a salir, ya fuera educativo o regular, que pudiera allanar el camino a mi liberación de manera incruenta. Paralelamente, los consejos judiciales me exigían declaraciones de lealtad haciéndome preguntas como «¿le permite su ideología no volver a cometer actos delictivos?». Se impone la renuncia a ideas y relaciones con compañeros como condición para una posible excarcelación; si es así, que no llegue nunca.
En este punto, a partir de los acontecimientos que tuvieron lugar, me di cuenta claramente de cuál era el papel de este juez del Tribunal Supremo que yo creía erróneamente que contaba con su prestigio, como cuando lo destrozó al encubrir el escándalo de las escuchas telefónicas al primer ministro, mientras que, por el sucio papel que jugó al poner fin a mi huelga de hambre para sacar al gobierno del apuro, puedo imaginar que se han aplicado varias decisiones escandalosas de la autodeclarada justicia en este período de tiempo.
El último acto de la serie de callejones sin salida fue mi traslado a Korydallos, que se produjo por motivos educativos, respondiendo por fin a mis reiteradas demandas pendientes desde hace más de 3 años. Casualmente, mi traslado se anunció tan pronto como informé a mis allegados de que había decidido iniciar una huelga de hambre durante mi estancia en la cárcel de Malandrinos, lo que provocó su aplazamiento. Lo que siguió fue el rechazo del permiso educativo que me debían el viernes 12/05/23, con la excusa barata de que llevaba poco tiempo en Korydallos. Mi reacción inmediata fue retomar la huelga de hambre el mismo día de la denegación. Tan pronto como fui informado, comenzó un aluvión de promesas que tuvo como resultado el aplazamiento del anuncio de la huelga hasta hoy con la esperanza de que algo de esto se materializase.
Después de este trato, naturalmente no tengo otra opción. Aunque la tuviera, no debería elegirla. Me debo a mí mismo estar políticamente presente, e intentar devolver el coste, desenmascarando a la banda gubernamental de chantajistas que forman la autodenominada justicia. Y como mis palabras, aunque consigan romper el muro de silencio, serán refutadas, la propia elección de la continuación e intensificación de la huelga de hambre pondrá de relieve la cuestión, y también discernirá las mentiras de las verdades. Por eso todo se dirá en el momento oportuno. En el momento en que los asesinos con corbata se jacten de sus logros, que el trato vengativo al que me enfrento sea la ocasión para una lucha que recuerde la injusticia institucionalizada de estos tiempos: las provocadoras liberaciones de violadores por pertenecer al entorno amistoso de los funcionarios del gobierno. Los niños asesinados por la policía, donde los asesinos no fueron a la cárcel ni siguiera un día. Los migrantes y refugiados que se ahogan en las fronteras de la fortaleza Europa a través por el rechazo sistemático. La destrucción total de enteros ecosistemas, como en el norte de Eubea. Los ancianos asesinados por el desmantelamiento del sistema sanitario en plena pandemia. Las infancias perdidas porque un gobierno autocrático prefirió los toques de queda al refuerzo del servicio sanitario.
Naturalmente, el éxito correccional del encarcelamiento se confirmó a escala masiva con el aumento de la agresividad juvenil. Después de todo, Foucault tenía razón cuando escribió que las prisiones son fábricas que reproducen el crimen. Yo añadiría que, al mismo tiempo, le quitan al crimen sus intrínsecas características antiautoritarias, para asimilarlo a su sucia paraeconomía. En definitiva, ¿qué estadística prueba que la institución carcelaria tenga alguna utilidad social? Es simplemente un monstruo para instituir el orden de desigualdades del régimen. Una herramienta para que la riqueza nunca deje de estar en manos de los poseedores.
Por las razones expuestas, comienzo una nueva huelga de hambre por mi liberación. Contra el Estado y sus burócratas designados, que hacen su carrera a mi costa y la de todos los miserables presos, simplemente porque fueron nombrados jueces. En mi caso, las leyes especiales antiterroristas obligaban a que no fuera juzgado una sola vez por un jurado, sino que cumpliera más de diez años en prisión por acumulación de condenas. Esto es lo que tienen la osadía de llamar justicia. Decisiones de funcionarios estatales designados, dictadas por un sistema que determina sus carreras.
Terminando esta breve primera declaración, siento la necesidad de aclarar que me doy cuenta de que mi caso es mucho más difícil de sostener esta vez. Principalmente debido a mi propio error al aceptar la propuesta extorsiva de pausar mi huelga el año pasado, para poder ser liberado. Por eso entiendo que quien quiera pueda ver este nuevo intento con cautela. Sin embargo, quiero posicionar esta huelga no como la puesta en juego de una reivindicación exclusivamente individual, sino como una contribución a poner de relieve la injusticia sistemática en un momento políticamente crucial. Como chispa de una lucha que promueve la acción directa y la participación, contra la mentalidad de delegación que promueve el sistema de representación.
Hasta la destrucción de la última jaula
Giannis Michailidis
Ala «E», Prisión de Korydallos