Recibido el 12/04/2023.

El gobierno ultraderechista de Italia tras un Consejo de Ministros del 16 de noviembre de 2023 dio a conocer las medidas en materia de seguridad con las que piensa endurecer leyes ya existentes y crear nuevos delitos.

Medidas dirigidas a facilitar la represión y de las protestas y acciones de desobediencia civil o denuncia en la calle así como disuadir de las protestas a los movimientos sociales y de lucha:

-El corte de carreteras o del tráfico ferroviario, una práctica común en el movimiento sindical, ecologista o anti TAV (ahora mismo se está practicando para obstaculizar el envío de armas a Israel), pasa de ser una falta administrativa a ser un delito y condenarse con entre 6 meses y 2 años de cárcel.

-El dañar edificios o propiedades públicas (mediante pintadas o arrojar pintura, objetos, etc) pasa a estar penado con entre seis meses y 1 año de cárcel y multas entre 1.000 y . 3.000 euros, y en caso de reincidencia con penas entre 6 meses y 3 años de cárcel así como multas de hasta 12.000 euros. (art. 16, modifica el art. 639 del Código penal).

-Las jefaturas de policía podrán prohibir el acceso a infraestructuras públicas (estaciones de transporte público, aeropuertos, puertos, etc) y uso del transporte público a aquellas personas que en los 5 años anteriores hayan sido denunciadas, acusadas o condenadas por delitos contra las personas o el patrimonio. Se basa en un decreto-ley de 2017 creado para controlar a los hinchas ultras del fútbol (tifosi). Medidas de este tipo se han ensayado con motivo de manifestaciones nacionales de solidaridad con Alfredo Cospito en Torino o Roma.

-Se incrementan las penas por resistencia, violencia o lesiones contra la Policía:

En el caso de “Violencia o amenaza y resistencia a oficial público” (art. 14 que modifica el art.336 del CP) establece que las penas ordinarias se multipliquen por tres. En el caso de provocar lesiones a estos “oficiales públicos” (art. 15) se establece una gradación de condenas según las lesiones se califiquen de “leves” 2 a 5 años de prisión, “graves” 4 a 10 años o “muy graves” 8 a 10 años.

Por otro lado se dota de mayores márgenes de actuación y poder a las fuerzas del orden:

-Se permite a todos los miembros de las fuerzas de seguridad la posesión y el porte de armas de fuego sin licencia estando fuera de servicio (art. 20)

– Se autoriza a los miembros de los servicios de inteligencia o de las fuerzas armadas para actuar como policías, y en el caso de usar la fuerza, armas o medios tecnológicos atribuyéndose funciones de policía se les exime de responsabilidad penal.

También se crea un nuevo delito,“Revuelta en instituto penitenciario” (art. 415 bis del Código penal), para castigar tanto las revueltas, violentas o pacíficas, como los actos de desobediencia y resistencia pasiva dentro de las cárceles. Para los promotores, organizadores o líderes se establecen penas de 2 a 8 años de prisión. Es necesario precisar que se considera que la promoción/incitación a la revuelta puede realizarse por carta o comunicación por personas del exterior. Para los participantes en las revueltas se establecen penas entre 1 y 4 años, que en el caso de haber hecho uso de armas se elevan a entre 3 y 10 años, y de haber causado lesiones puede elevarse hasta entre 20 años.

Y como no podía ser de otra manera el gobierno italiano también establece una serie de medidas contra las personas inmigrantes.

En paralelo al artículo citado con anterioridad, copiándolo casi textualmente, se establecen penas para las revueltas o actos de desobediencia en los centros de detención para extranjeros. A promotores y líderes se les imponen penas de entre 1 a 6 años, a los participantes entre 1 y 4 años, con la agravante de uso de armas (2 a 8 años) y haber causado lesiones graves (10 a 20 años).

Así mismo a toda persona de origen extranjero con ciudadanía italiana que sea condenada por ciertos delitos se le podrá suspender la ciudadanía italiana por entre 3 y 10 años.

Traducido y resumido por Borrokan