Difundimos la noticia de una petición de vigilancia especial contra un compañero anarquista por la máxima duración que permite la ley, con obligación de permanecer en un pequeño municipio del hinterland spoletino, firma y pasar la noche en el domicilio. La solicitud, notificada hoy (6 de abril) con el claro objetivo de obstaculizar la defensa y las iniciativas solidarias, se discutirá el próximo 18 de abril en el tribunal de Perugia.
La vigilancia especial es una medida preventiva muy rodada en la represión contra el anarquismo revolucionario. La novedad es que esta vez no se basa en informaciones de los habituales ROS o DIGOS, sino del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata de la Guardia di Finanza de febrero 2021. Se trataría, según la documentación, de una investigación «en el marco de la planificación operativa anual ordinaria» prevista por el código antimafia de 2015 ahora extendido también al llamado antiterrorismo.
Aunque como conclusión de la nota informativa de la Guardia di Finanza se afirme que «no hay situaciones de incoherencia financiera», la fiscalía de Perugia recupera de forma engañosa este documento para deducir de él, junto a los antecedentes policiales, judiciales y cargos pendientes, así como la proclamada negativa a obedecer las normas de emergencia anti-Covid, el perfil de peligrosidad social del compañero y por tanto la solicitud de medida de prevención personal.
Comodi añade una autocitación a esta nota, en referencia a las acusaciones iniciales de la investigación Sibilla, por la que se solicitaban ocho detenciones, transformadas luego en seis medidas cautelares, entre ellas los arrestos domiciliarios para el compañero en cuestión – medidas que luego fueron revocadas en dos ocasiones, la última el 14 de marzo. Como corresponde en estas circunstancias, las acusaciones desestimadas ante el tribunal se exponen como «graves e indicios actuales de peligrosidad social». Esta vez la siempre tan honesta fiscal llega a mentir, afirmando que el GIP [juez de investigaciones preliminares] había hecho suyas la totalidad de sus peticiones.
El hecho que esta vez no hayan sido los encapuchados habituales del ROS y DIGOS a recoger pistas incriminatorias, probablemente se deba al deseo de no crear sospechas de conflicto de intereses sobre quienes, a lo largo de más de 15 años, han dirigido la atención policial contra el compañero, haciendo el ridículo numerosas veces. No obstante sigue siendo repugnante que un compañero nuestro que se dedica a la construcción, que sobrevive son un sueldo de proletario, sea objeto de la atención de las tristemente célebres llamas amarillas [guardia di finanza], cuyas vanagloriadas tareas consistirían en destapar las fechorías financieras de los capitalistas.
Pero no nos dejemos engañar por la prestidigitación. Esta solicitud la realiza la fiscal Manuela Comodi, especialista en las investigaciones anti-anarquistas recuperando una auditoría con resultado negativo de hace dos años, y ocurre en el momento más dramático de la lucha iniciada por Alfredo Cospito con su huelga de hambre. Se sitúa claramente en el surco de las iniciativas de contrainsurrección dirigidas a quitar a los compañeros de las calles.
En estos tiempos de guerra y represión, sobre este como sobre los otros frentes, no aceptamos la advertencia del Estado.
Umbría, 6 de abril de 2023