El pasado mes de abril, los fiscales Raimondi y Ognibene solicitaron 9 medidas cautelares en la cárcel y 3 prohibiciones de permanecer en Trento y Rovereto para otros tantos compañeros y compañeras. Desde que el juez de instrucción rechazara las peticiones, la Fiscalía a recurrido: de ahí la notificación a algunos investigados e investigadas de la audiencia de revisión, fijada para el 1 de agosto y aplazada al 12 de septiembre por defecto de notificación a los otros investigados. Esta enésima investigación por «asociación subversiva con finalidad de terrorismo» – por lo que parece llamada «Diana» – se abrió en 2019, pero parte de un procedimiento por «apología del terrorismo» iniciado por la Fiscalía de Brescia (basándose en un texto aparecido en la publicación anarquista «Beznachalie») y pasado a la Fiscalía de Trento. Luego la investigación de Trentino se ha extendido hasta el 2013, año en el que salió el primer número de «Beznachalie».
Prosiguiendo en una dirección que se asemeja cada vez más a las “leyes perversas” con las que a finales del siglo XIX el gobierno francés declaraba “malhechores” a los anarquistas en cuanto tales, esta nueva investigación apunta antes que nada a considerar expresión de un «asociación terrorista» «la concepción, la predisposición, la redacción, la publicación y la difusión, también por medios informáticos y telemáticos, de las publicaciones “Beznachalie”, “I giorni e le notti”, “Dietro le quinte”, nonché del sito web www.ilrovescio.info». «Los lugares de concertación del programa criminal, de recaudación y gestión de fondos, de apoyo logístico y cura de los compañeros» serían los espacios anarquistas “El Tavan” de Trento y “La nave dei folli” de Rovereto así como algunas casas privadas.
Los «delitos-finalidad» de tal «asociación» sería la falsificación de documentos para favorecer la «clandestinidad de los copartícipes», la realización de atentados, la organización de manifestaciones no autorizadas y violentas, la «imposición y difusión de las propias ideas políticas de desestabilización con violencia e intimidación también contra empresas privadas».
En concreto se trata de documentos falsos por los que Agnese y Stecco han sido condenados a 2 años y Rupert a 1 año y 10 meses en el proceso «Renata»; de aquellos encontrados a Juan en el momento de su detención (por los que Agnese fue condenada a 2 años en primer grado de la “operación sin nombre”); del «apoyo operativo» a la clandestinidad de Juan (por lo que Manu fue condenado a 10 meses después de pasar más de un año en prisión); de acciones directas contra el tribunal de vigilancia de Trento (ocurrida en 2014, y por la que condenaron a Juan a 3 años y 6 meses en el primer grado de la (“operación sin nombre”), contra la sede de la Lega en Villorba (Treviso) en 2018 (por lo que han condenado a Juan a 28 años en primer grado y a 14 en segundo grado) y contra un Frecciargento [tipo de tren de alta velocidad] en Bolzano en 2015 (un intento de incendio que los fiscales querrían atribuir a un compañero en base a unos restos de ADN encontrados en el artefacto incendiario, y por lo cual se investiga por «acto con finalidad terrorista»); la manifestación en Brennero de 2016 contra las fronteras (por la cual, en dos secciones judiciales distintas, se han repartido un total de más de 130 años de cárcel en fase de apelación); el intento de leer en una radio comercial un comunicado contra la masacre ocurrida en las cárceles en primavera de 2020 (por la que Massimo ha sido condenado a 1 año y 1 mes en el primer grado de la “operación sin nombre”); e intento de bloquear una perforación del TAV en Trento en enero de 2022 (por lo que existe otro procedimiento penal en curso). A parte del acontecimiento del Frecciargento se trata de hechos ya incluidos en otros procesos penales o acusaciones. La fiscalía intenta reutilizar los mismos hechos para justificar el 270 bis que siempre caía en las investigaciones precedentes. Investigación que alcanzan los contornos de una auténtica metafísica de la represión: los delitos-finalidad expresan y dan sustancia a la acción subversiva, pero en su dimensión «ontológica» (literalmente), prescinde de los actos individuales. Puro intelecto terrorista (por eso la centralidad de las publicaciones) que, aunque no se traduzca en actos subversivos, los instiga o hace apología de estos.
El aspecto más peligroso –además del ataque a las publicaciones en cuanto tales– es sin lugar a dudas la definición de «terrorismo» utilizada por la DIGOS y Fiscalía: «intimidar a la población y obligar a los poderes públicos a cumplir o abstenerse de cumplir un acto cualquiera». Se trata del ya conocido art. 270 sexies [conductas con finalidad de terrorismo – ndt], introducido por el “paquete Pisanu” en 2005. Como ya se ha dicho y repetido, «intimidar a la población» es una actividad que caracteriza al Estado, y no a los anarquistas, mientras que «obligar a los poderes públicos a cumplir o abstenerse de cumplir un acto cualquiera» es el objetivo de toda lucha. ¿Parar el TAV no es querer forzar al gobierno y RFI [red ferroviaria italiana – ndt] a abstenerse de realizar la obra? ¿Bloquear un puerto no es querer forzar al gobierno a retirar el pasaporte verde o a no enviar armas a Ucrania? La eventual explosión de rabia social contra la abolición de la renta básica de ciudadanía no tendría el objetivo de forzar al gobierno a abstenerse de aplicar las medidas ya adoptadas? ¿Y pretender que un compañero salga del 41 bis?
Aunque esta definición de «terrorismo» recoja –con una formulación todavía más genérica y adaptable– una definición-marco adoptada en ámbito europeo, Italia es el único país que la utilizada sistemáticamente contra el movimiento anarquista (y no solo, como veremos). La extensión cuantitativa y cualitativa de su uso es un claro indicador de algo que ya no podemos ignorar: estamos en guerra.
En un plano general
Sólo en los últimos dos meses se han producido notificaciones de investigaciones, también con registros y a veces con medidas cautelares, en Milán, Trieste, Bolonia, Potenza, Turín, Palermo y Perugia. Más allá de los hechos individuales contestados, es evidente que la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo ha dado un mensaje explícito a las fiscalías: «Quitarlos de en medio, con cualquier pretexto». Igualmente evidente el salto cualitativo: han solicitado medidas cautelares para un compañero por una intervención realizada durante una manifestación contra el 41 bis en Turín; las investigaciones de Bolonia y Potenza dicen alto y claro que la compaña de solidaridad con Alfredo es de por sí «terrorista» por querer forzar al Estado a realizar un acto que no quiere realizar: revocar el 41 bis a Alfredo. Que tal propósito se persiga escribiendo en las paredes, colgando pancartas, causando daños a multinacionales, interrumpiendo una misa, subiendo a una grúa, quemando contenedores en medio de la calle o vehículos de una empresa que se dedica al negocio penitenciario en fondo es secundario. De hecho en Perugia se ha abierto hace poco una investigación por «instigación a la violencia y apología del terrorismo» por una sábana-pancarta en solidaridad con Alfredo y contra el 41 bis. La misma lógica se aplica mucho más allá del ámbito anarquista. Hace un par de semanas algunos militantes de “Antudo” han sido objeto de registros e investigados por «apología del terrorismo» y por «acto con finalidad de terrorismo» por haber publicado en su página web un vídeo y un comunicado de reivindicación relativos a una acción contra Leonardo-Finmeccanica. ¿Golpear al mayor productor de armas italiano no significa forzar al Estado a abstenerse de continuar sus políticas de guerra? ¿Y quien difunde las razones de tales prácticas de lucha no comete, por eso mismo, apología del terrorismo? No hace falta ningún croquis para comprender donde lleva tal lógica inquisidora.
En el plano local
Se trata de al menos la quinta investigación por «asociación subversiva con finalidad de terrorismo» contra compañeras y compañeros en Trentino en menos de veinte años, hablando de las que conocemos por las notificaciones a los investigados. Si a esto sumamos el goteo de procesos y condenas por otros delitos, los compañeros encarcelados, en domiciliarios o fugados, las vigilancias especiales y el hecho que algunos compañeros y compañeras pasan de una medida a otra sin una solución de continuidad prácticamente desde 2019, la operación «Diana» persigue y prosigue una estrategia concreta: acabar con la presencia anarquista en el Trentino, con sus ideas, con las luchas que expresa o de las que forma parte, con sus espacios, con sus publicaciones. Y no nos parece casualidad, por ejemplo, que mientras en Trento han empezado tanto los trabajos del TAV como los bloqueos y las protestas, en una investigación por «terrorismo» se incluya una iniciativa pública de oposición a una perforación y se recupere gracias al uso policíaco-judicial de la genética, el intento de quemar un Frecciargento ocurrido el 25 de abril de 2015. (Como a la DIGOS y Fiscalía les molesta tanto que se publiquen los comunicados de reivindicación, estas eran las palabras difundidas entonces por los anónimos saboteadores: «En recuerdo de los sabotajes partisanos. Libertad a los compañeros encarcelados. Ciao Gucio. La suerte no siempre sonríe a los audaces».) Entre otras cosas, el primer intento (fallido) de aplicar el 270 sexies fue el de la Fiscalía de Turín contra los compañeros y la compañera detenidos y condenados por la acción incendiaria contra las obras del TAV en Chiomonte en 2014 (el llamado proceso del «compresor»).
La moral de la obediencia
Los mismos días en los que se notificaba la investigación «Diana» (con la que querían secuestrar en la cárcel y quitar de la luchas a 12 compañeros y compañeras), los fiscales Raimondi y Ognibene ponían bajo secuestro judicial una parte de las obras del TAV en Trento Norte (sin detener el conjunto de trabajos). Una medida interna a una investigación por «desastre ambiental» –por ahora contra el administrador delegado y otro responsable de RFI– abierta tras la explosión provocada por algunos no Tav. Aunque las obras continúen alrededor, el secuestro de algunas áreas contaminadas por ex Sloj y ex Carbochimica (en particular a causa del tetraetilo de plomo y varios solventes químicos) y la realidad de un posible envenenamiento de masa que se convierte en «hipótesis de delito» han desmentido las continuas garantías de RFI y la patente complicidad de las administraciones de Trento. Los mismos magistrados que reconocen formalmente el fundamento de las alarmas contra el TAV, golpean a quien extrae la lógica consecuente a nivel ético y práctico de dichas alarmas: forzar con la acción a gobierno y empresas a no realizar la obra. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? A nosotros nos parece esta: si ante un desastre ambiental se apela a la magistratura se trata de «ciudadanos»; si se organiza para bloquear, o peor aún sabotear los medios del desastre se trata de «terroristas» – es más: se es terrorista también si se defienden o simplemente se difunden los motivos de la acción directa. Se llama moral de la obediencia.
En nuestro lado de la barricada, cada día de obediencia, cada día de paz social es un día más de guerra y de represión.
Anarquistas de Trento y Rovereto